Elena Górriz Royo

DERECHO A LA INTIMIDAD Y MEDIOS TELEMÁTICOS: ¿QUÉ ES LO QUE QUEDA DE LA EXIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL EN CASOS DE INJERENCIAS EN LA INTIMIDAD?

DERECHO A LA INTIMIDAD Y MEDIOS TELEMÁTICOS: ¿QUÉ ES LO QUE QUEDA DE LA EXIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL EN CASOS DE INJERENCIAS EN LA INTIMIDAD?

Por ELENA GÓRRIZ

LA EXIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL EN CASOS DE INJERENCIAS URGENTES EN LA INTIMIDAD A LA LUZ DE LA STEDH 30 de MAYO DE 2017, CASO TRABAJO RUEDA v. ESPAÑA

La delimitación del derecho fundamental a la intimidad conforme al art. 18.1 CE resulta esencial en nuestro ordenamiento jurídico, ante todo para concretar el ámbito de privacidad de cada individuo frente a las intromisiones de los poderes públicos, justificadas en razones de seguridad. La tutela de aquel derecho fundamental se deriva, ante todo, del régimen general de protección de los derechos fundamentales (art. 53.1 y 81.1 CE) de modo que, para condicionar su ejercicio, inicialmente bastaría habilitación legal (vid. STC 49/1999, de 5 de abril, FJ 4º).

En cuanto a su contenido, según la doctrina clásica del TC, el derecho a la intimidad derivaría de la dignidad de la persona (art. 10.1 CE) y se entendería como "la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana" (SSTC 231/1988,197/1991, 20/1992 , 219/1992 , 142/1993 , 117/1994 y 143/1994 ). Iría referido preferentemente a la esfera, estrictamente personal, de la vida privada o de lo íntimo (SSTC 142/1993 y 143/1994)

No obstante, la protección de este derecho suscita controversia, en casos de intervención de los poderes públicos y particularmente, en supuestos de actuación policial que afecte al derecho a la intimidad. Para estos casos la doctrina constitucional tradicional exigía autorización judicial previa cuando estaba en juego la vulneración de la vida privada de una persona, salvo en los casos de situaciones de emergencia que permitieran un control judicial posterior (vid. SSTC 207/1996, de 16 de diciembre; vid. en relación con los derechos del detenido vid. STC 70/2002, FJ 10º).

 

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