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EXCESOS EN LA LUCHA ANTITERRORISTA

EXCESOS EN LA LUCHA ANTITERRORISTA

POR CARLOS PENEDO

La lucha antiterrorista amenaza en medio Europa con saltar los límites de derechos fundamentales del ciudadano, entre ellos lo relacionado con la libertad de expresión y las redes sociales. Organismos internacionales y ONG alertan sobre un fenómeno acrecentado en los últimos dos años de obsesión antiterrorista que restringe derechos en nombre de la seguridad.

El 5 de febrero de 2016 la policía española detuvo en Madrid a dos actores de una compañía de títeres acusados de enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio, permanecieron cinco días encarcelados -prisión provisional sin fianza- y fueron incluidos en un fichero de presos peligrosos con el régimen penitenciario más severo. En su liberación se les retuvo el pasaporte y se les obligó a comparecencias diarias ante el juez.

La obra causante de la detención, representada en tiempos de carnaval ante un público infantil, tenía un argumento de crítica social contra los cuatro poderes que supuestamente rigen la sociedad española: la propiedad, la institución religiosa -un guiñol vestido de monja-, las fuerzas de seguridad -un muñeco con uniforme de policía- y el poder judicial -marioneta con toga de juez-. En un pasaje de la obra, representada en esperanto y latín, un guiñol portaba una pancarta –una falsa prueba fabricada por el guiñol policía- con la leyenda "Gora Alka-ETA".

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¿LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MANOS DE UN ALGORITMO?

¿LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MANOS DE UN ALGORITMO?

POR ANA VALERO

El pasado 26 de diciembre podíamos leer en prensa que el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reclamaba a las redes sociales y distribuidores de contenidos una acción más contundente contra el aluvión de noticias falsas que inunda Internet. Dos días antes, el 22 de diciembre, algunos diarios españoles se hacían eco de la noticia de que Facebook había comunicado a las administradoras de la web feminista “Locas del coño” que ésta quedaba clausurada por no cumplir sus normas comunitarias entre las que se encuentra no utilizar lenguaje que incite al odio.

Esta situación no es nueva, y trae causa de la firma a finales de mayo de un Código de conducta propuesto por la Comisión Europea por el que las empresas de Internet se comprometieron públicamente a evitar la proliferación de mensajes que fomentaran el odio, el racismo y la xenofobia a través de la Red.

En cumplimiento de dicho Código, Facebook, Microsoft, Twitter y Google, han procedido a borrar 163 contenidos denunciados por las 12 ONG de nueve diferentes Estados miembros que han participado en una primera evaluación de las publicaciones desde octubre a noviembre de 2016. La siguiente tendrá lugar en 2017. Sin embargo, a ojos de la Comisión, el resultado es decepcionante e insuficiente.

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LA PARANOIA RAZONABLE

LA PARANOIA RAZONABLE

POR FERNANDO FLORES

A principios de septiembre se filtró a la prensa que la agencia inteligencia alemana, el Bundesnachrichtendiest (BND), ha espiado ilegalmente a toda su población y enviado los datos a la National Security Agency (NSA) norteamericana. Se trataba de un nuevo escándalo en relación con la vigilancia masiva que los Estados democráticos realizan sobre sus ciudadanos, un escándalo que se sumaba a muchos otros ya descubiertos (el de la NSA a los estadounidenses, el GCHQ a los británicos…) y a otros que sin duda aparecerán en el futuro.

Lo cierto es que la mayoría de los ciudadanos tiene asumido que la protección de su seguridad frente a amenazas tan presentes como el terrorismo o el crímen organizado pasa por aceptar la intromisión del Estado en su privacidad, y ha interiorizado la máxima según la cual “si nada tienes que esconder, nada tienes que temer”.

Esta postura podría resultar en principio razonable. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) entiendió hace ya tiempo (en 1978, en el caso Klass) que “la amenaza terrorista obliga a los Estados a vigilar en secreto a los elementos subversivos que operan en su territorio”, una premisa que supone admitir la existencia de disposiciones legislativas, hasta cierto punto discrecionales, que den cobertura a la vigilancia secreta de las comunicaciones. Sin embargo esta discrecionalidad es, lo dice el propio TEDH, la excepción a la regla, y debe ser utilizada de forma legal, estricta y con mucha prudencia.

 

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