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INFORMACIÓN CONTRA LA DESINFORMACIÓN

INFORMACIÓN CONTRA LA DESINFORMACIÓN

Por CARLOS PENEDO

En paralelo a la actividad reactiva de una decena de periodistas que en Bruselas se dedican a tiempo parcial a localizar noticias falsas publicadas en cirílico, la Comisión Europea acaba de presentar una iniciativa de mucho mayor calado y muy escasa repercusión contra la desinformación a través de medios digitales.

El trabajo consta de tres elementos diferenciados: un informe redactado por un grupo de especialistas, que trata de definir el problema e incluye recomendaciones; entre noviembre y febrero la Comisión puso en marcha además una consulta pública sobre el asunto, en la que participaron cerca de 3.000 personas entre profesionales de medios de comunicación y ciudadanos de a pie, el que quiso participar; el tercer elemento ha sido una encuesta, más de 26.000 entrevistados en febrero de este 2018.

A partir de estos ingredientes (informe, consulta y encuesta) la UE pretende publicar esta primavera una Comunicación (las líneas básicas de una estrategia europea) sobre la lucha contra la desinformación en línea.

Una primera conclusión no deja de sorprender, favorablemente: los expertos han evitado deliberadamente el término "noticias falsas", por considerarlo inadecuado para reflejar los problemas complejos de la desinformación, cuyos contenidos pueden también combinar información ficticia con hechos reales.

El informe –elaborado en el primer trimestre del año– define la desinformación como información falsa, inexacta o engañosa, diseñada, presentada y promovida para obtener un beneficio (se entiende que económico) o para causar intencionadamente un perjuicio público. Aclaran que el campo de actuación no incluye la creación y difusión online de contenidos ilegales (difamación, discursos de odio, incitación a la violencia), que ya están regulados por normativa europea o de los Estados miembro. Tampoco contemplan la deliberada distorsión de hechos, sin ánimo de engañar, que se encuentra en variantes del humor, la sátira o la parodia.

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DERECHO A LA INTIMIDAD Y MEDIOS TELEMÁTICOS: ¿QUÉ ES LO QUE QUEDA DE LA EXIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL EN CASOS DE INJERENCIAS EN LA INTIMIDAD?

DERECHO A LA INTIMIDAD Y MEDIOS TELEMÁTICOS: ¿QUÉ ES LO QUE QUEDA DE LA EXIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL EN CASOS DE INJERENCIAS EN LA INTIMIDAD?

Por ELENA GÓRRIZ

LA EXIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL EN CASOS DE INJERENCIAS URGENTES EN LA INTIMIDAD A LA LUZ DE LA STEDH 30 de MAYO DE 2017, CASO TRABAJO RUEDA v. ESPAÑA

La delimitación del derecho fundamental a la intimidad conforme al art. 18.1 CE resulta esencial en nuestro ordenamiento jurídico, ante todo para concretar el ámbito de privacidad de cada individuo frente a las intromisiones de los poderes públicos, justificadas en razones de seguridad. La tutela de aquel derecho fundamental se deriva, ante todo, del régimen general de protección de los derechos fundamentales (art. 53.1 y 81.1 CE) de modo que, para condicionar su ejercicio, inicialmente bastaría habilitación legal (vid. STC 49/1999, de 5 de abril, FJ 4º).

En cuanto a su contenido, según la doctrina clásica del TC, el derecho a la intimidad derivaría de la dignidad de la persona (art. 10.1 CE) y se entendería como "la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana" (SSTC 231/1988,197/1991, 20/1992 , 219/1992 , 142/1993 , 117/1994 y 143/1994 ). Iría referido preferentemente a la esfera, estrictamente personal, de la vida privada o de lo íntimo (SSTC 142/1993 y 143/1994)

 

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PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO NORTEAMERICANO SOBRE LA VIGILANCIA MASIVA DE LA NSA

PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO NORTEAMERICANO SOBRE LA VIGILANCIA MASIVA DE LA NSA

POR ROSARIO SERRA

El Tribunal Federal de Apelación del Cuarto Circuito de Estados Unidos acaba de tomar una decisión que puede abrir el camino para que en su día el Tribunal Supremo pueda pronunciarse sobre el programa de vigilancia masiva de comunicaciones electrónicas que puso en marcha la Agencia nacional de inteligencia norteamericana, la NSA, y cuya existencia  fue revelada por Snowden en 2013.

Como es conocido, los servicios de la NSA instalaron programas en los equipos de las grandes compañías proveedoras de internet para acceder a las comunicaciones de millones de ciudadanos (nacionales y extranjeros), tratar los datos obtenidos y extraer determinada información. Las crítica y desautorización de este tipo de vigilancia masiva se produjo desde el comienzo y el conocimiento de que muchos otros gobiernos habían estado espiando a sus ciudadanos imprimió un cambio en la conciencia global sobre esta cuestión.

En el caso al que nos referimos, los demandantes, entre los cuales se encuentra Wikimedia, la fundación que publica la enciclopedia on-line Wikipedia, o Human Rights Watch, recurrieron en primera instancia ante el Tribunal Federal  de Distrito, al entender que sus comunicaciones habían sido interceptadas y ello violaba, entre otras normas, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege la libertad de expresión, y la cuarta enmienda, que protege el derecho a la privacidad y el derecho a no sufrir pesquisas y aprehensiones arbitrarias.

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