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INFORMACIÓN CONTRA LA DESINFORMACIÓN II. EDITORES, PLATAFORMAS Y UE

INFORMACIÓN CONTRA LA DESINFORMACIÓN II. EDITORES, PLATAFORMAS Y UE

Por CARLOS PENEDO

LA UNIÓN EUROPEA MEDIA ENTRE EDITORES Y PLATAFORMAS POR LA DESINFORMACIÓN, A FAVOR DE LOS PRIMEROS 

Demos por hecho que hay mucha gente con el propósito de desinformar a través de medios digitales, siempre teniendo en cuenta que el objetivo mayoritario no es convencer, sino confundir; y con más frecuencia aún, generar tráfico para obtener beneficio económico.

Y dejemos a un lado la influencia real de estos contenidos, porque difusión no es convicción, porque incluso el tráfico generado no ha sido en exceso relevante en procesos como las elecciones de EEUU o Cataluña (aquí alguna pista sobre el asunto).

Junto con lo anterior, cabe preguntarse quiénes están alimentando la desinformación como gran problema de nuestro tiempo, y así se comportan porque tienen un interés directo en el asunto, que es económico y es político, y es político-económico. Hay tres actores especialmente activos: las empresas editoras de noticias, las plataformas digitales (Facebook, Google) y en tercer lugar aquel llamado "complejo industrial-militar" del que alertaba en los años 50 el general de cinco estrellas y presidente de EEUU Dwight Eisenhower, el Ike que bendijo a Franco, complejo que evidentemente tiene terminales políticas, todo por supuesto versión 2.0.

La Unión Europea (léase Comisión) puede desesperar por orientación de sus políticas o velocidad de actuación, pero es universalmente reconocido que cuando se fija un objetivo no suelta la presa. Y en materia de desinformación ya se ha puesto en marcha.

En este sentido, la Comisión Europea ha difundido este 26 de abril una Comunicación, que es un tipo de documento no vinculante, en la que propone un conjunto de medidas para combatir la desinformación en línea, que incluyen un Código de Buenas Prácticas sobre Desinformación a nivel de la UE, el apoyo a una red independiente de verificadores de información (fact-checkers) y medidas destinadas a fomentar el periodismo de calidad y promover la alfabetización mediática.

Con tal motivo, los servicios de prensa de la UE facilitan declaraciones de tres responsables políticos.

Andrus Ansip, vicepresidente de la Comisión responsable del Mercado Único Digital: 

"Las nuevas tecnologías, especialmente las digitales, han ampliado su alcance a través del entorno en línea para socavar nuestra democracia y nuestra sociedad. Puesto que la confianza en línea es fácil de romper y difícil de recuperar, el sector necesita colaborar con nosotros en esta cuestión".

Mariya Gabriel, comisaria de Economía y Sociedad Digitales:

"Hacemos un llamamiento a todos los agentes, en particular a las plataformas y redes sociales, que tienen una clara responsabilidad, para que actúen sobre la base de un plan de acción destinado a establecer un planteamiento común europeo, de manera que los ciudadanos estén capacitados y protegidos eficazmente contra la desinformación. Seguiremos de cerca los progresos realizados y, si los resultados no fuesen satisfactorios, de aquí al mes de diciembre propondríamos otras medidas, en particular de carácter reglamentario".

Julian King, comisario responsable de Seguridad (seguridad interior lleva este responsable de nacionalidad británica):

"La militarización de las noticias falsas y la desinformación en línea supone una seria amenaza para la seguridad de nuestras sociedades. Las plataformas de internet desempeñan un papel esencial en la lucha contra los abusos de sus infraestructuras por agentes hostiles y en la preservación de la seguridad de sus usuarios y de la sociedad".

 

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INFORMACIÓN CONTRA LA DESINFORMACIÓN I

INFORMACIÓN CONTRA LA DESINFORMACIÓN I

Por CARLOS PENEDO

En paralelo a la actividad reactiva de una decena de periodistas que en Bruselas se dedican a tiempo parcial a localizar noticias falsas publicadas en cirílico, la Comisión Europea acaba de presentar una iniciativa de mucho mayor calado y muy escasa repercusión contra la desinformación a través de medios digitales.

El trabajo consta de tres elementos diferenciados: un informe redactado por un grupo de especialistas, que trata de definir el problema e incluye recomendaciones; entre noviembre y febrero la Comisión puso en marcha además una consulta pública sobre el asunto, en la que participaron cerca de 3.000 personas entre profesionales de medios de comunicación y ciudadanos de a pie, el que quiso participar; el tercer elemento ha sido una encuesta, más de 26.000 entrevistados en febrero de este 2018.

A partir de estos ingredientes (informe, consulta y encuesta) la UE pretende publicar esta primavera una Comunicación (las líneas básicas de una estrategia europea) sobre la lucha contra la desinformación en línea.

Una primera conclusión no deja de sorprender, favorablemente: los expertos han evitado deliberadamente el término "noticias falsas", por considerarlo inadecuado para reflejar los problemas complejos de la desinformación, cuyos contenidos pueden también combinar información ficticia con hechos reales.

El informe –elaborado en el primer trimestre del año– define la desinformación como información falsa, inexacta o engañosa, diseñada, presentada y promovida para obtener un beneficio (se entiende que económico) o para causar intencionadamente un perjuicio público. Aclaran que el campo de actuación no incluye la creación y difusión online de contenidos ilegales (difamación, discursos de odio, incitación a la violencia), que ya están regulados por normativa europea o de los Estados miembro. Tampoco contemplan la deliberada distorsión de hechos, sin ánimo de engañar, que se encuentra en variantes del humor, la sátira o la parodia.

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DERECHO A LA INTIMIDAD Y MEDIOS TELEMÁTICOS: ¿QUÉ ES LO QUE QUEDA DE LA EXIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL EN CASOS DE INJERENCIAS EN LA INTIMIDAD?

DERECHO A LA INTIMIDAD Y MEDIOS TELEMÁTICOS: ¿QUÉ ES LO QUE QUEDA DE LA EXIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL EN CASOS DE INJERENCIAS EN LA INTIMIDAD?

Por ELENA GÓRRIZ

LA EXIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL EN CASOS DE INJERENCIAS URGENTES EN LA INTIMIDAD A LA LUZ DE LA STEDH 30 de MAYO DE 2017, CASO TRABAJO RUEDA v. ESPAÑA

La delimitación del derecho fundamental a la intimidad conforme al art. 18.1 CE resulta esencial en nuestro ordenamiento jurídico, ante todo para concretar el ámbito de privacidad de cada individuo frente a las intromisiones de los poderes públicos, justificadas en razones de seguridad. La tutela de aquel derecho fundamental se deriva, ante todo, del régimen general de protección de los derechos fundamentales (art. 53.1 y 81.1 CE) de modo que, para condicionar su ejercicio, inicialmente bastaría habilitación legal (vid. STC 49/1999, de 5 de abril, FJ 4º).

En cuanto a su contenido, según la doctrina clásica del TC, el derecho a la intimidad derivaría de la dignidad de la persona (art. 10.1 CE) y se entendería como "la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana" (SSTC 231/1988,197/1991, 20/1992 , 219/1992 , 142/1993 , 117/1994 y 143/1994 ). Iría referido preferentemente a la esfera, estrictamente personal, de la vida privada o de lo íntimo (SSTC 142/1993 y 143/1994)

No obstante, la protección de este derecho suscita controversia, en casos de intervención de los poderes públicos y particularmente, en supuestos de actuación policial que afecte al derecho a la intimidad. Para estos casos la doctrina constitucional tradicional exigía autorización judicial previa cuando estaba en juego la vulneración de la vida privada de una persona, salvo en los casos de situaciones de emergencia que permitieran un control judicial posterior (vid. SSTC 207/1996, de 16 de diciembre; vid. en relación con los derechos del detenido vid. STC 70/2002, FJ 10º).

 

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PRESENTACIÓN CUADERNO ESTRATEGIA Nº188

PRESENTACIÓN CUADERNO ESTRATEGIA Nº188

El Instituto Español de Estudios Estratégicos (CESEDEN-IEEE) presenta el Cuaderno de Estrategia núm. 188: “Seguridad global y derechos fundamentales”, coordinado por Fernando FLORES GIMÉNEZ y José Luís GONZÁLEZ CUSSAC.

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