DERECHO A LA INTIMIDAD Y MEDIOS TELEMÁTICOS: ¿QUÉ ES LO QUE QUEDA DE LA EXIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL EN CASOS DE INJERENCIAS EN LA INTIMIDAD?

DERECHO A LA INTIMIDAD Y MEDIOS TELEMÁTICOS: ¿QUÉ ES LO QUE QUEDA DE LA EXIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL EN CASOS DE INJERENCIAS EN LA INTIMIDAD?

POR ELENA GÓRRIZ

LA EXIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL EN CASOS DE INJERENCIAS URGENTES EN LA INTIMIDAD A LA LUZ DE LA STEDH 30 de MAYO DE 2017, CASO TRABAJO RUEDA v. ESPAÑA

La delimitación del derecho fundamental a la intimidad conforme al art. 18.1 CE resulta esencial en nuestro ordenamiento jurídico, ante todo para concretar el ámbito de privacidad de cada individuo frente a las intromisiones de los poderes públicos, justificadas en razones de seguridad. La tutela de aquel derecho fundamental se deriva, ante todo, del régimen general de protección de los derechos fundamentales (art. 53.1 y 81.1 CE) de modo que, para condicionar su ejercicio, inicialmente bastaría habilitación legal (vid. STC 49/1999, de 5 de abril, FJ 4º).

En cuanto a su contenido, según la doctrina clásica del TC, el derecho a la intimidad derivaría de la dignidad de la persona (art. 10.1 CE) y se entendería como “la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana” (SSTC 231/1988,197/1991, 20/1992 , 219/1992 , 142/1993 , 117/1994 y 143/1994 ). Iría referido preferentemente a la esfera, estrictamente personal, de la vida privada o de lo íntimo (SSTC 142/1993 y 143/1994)

No obstante, la protección de este derecho suscita controversia, en casos de intervención de los poderes públicos y particularmente, en supuestos de actuación policial que afecte al derecho a la intimidad. Para estos casos la doctrina constitucional tradicional exigía autorización judicial previa cuando estaba en juego la vulneración de la vida privada de una persona, salvo en los casos de situaciones de emergencia que permitieran un control judicial posterior (vid. SSTC 207/1996, de 16 de diciembre; vid. en relación con los derechos del detenido vid. STC 70/2002, FJ 10º).

Pues bien, en nuestro país esta doctrina constitucional quedó inicialmente cuestionada por la STC 173/2011, de 7 de diciembre. En ella se denegó el amparo al recurrente, rechazando la vulneración del derecho a la intimidad de quien había sido condenado por un delito de corrupción de menores en su modalidad de distribución pornográfica (art. 189.1 b) CP). Los hechos enjuiciados por la sentencia que le condenó (SAP de Sevilla, 7 de mayo 2008, TOL1.375.891) se remontan al 17 de diciembre de 2007, cuando el –después- recurrente en amparo (Sr. Trabajo Rueda) acudió a un establecimiento de informática que regentaba el denunciante y le entregó su ordenador portátil con el encargo de cambiar la grabadora que no funcionaba. El titular del establecimiento preguntó al recurrente si el ordenador tenía contraseña de acceso, respondiendo éste negativamente, sin manifestar limitación alguna en el uso del ordenador y acceso a ficheros almacenados. Tras repararlo y para comprobar el correcto funcionamiento de las piezas sustituidas, el encargado escogió al azar diversos archivos para proceder a su grabación y posterior reproducción en el ordenador, visualizando entonces las imágenes pornográficas de los menores que contenía. El testigo puso tal circunstancia en conocimiento de la Policía Nacional que procedió a la intervención del portátil, sin autorización judicial, si bien la investigación policial fue puesta a continuación en conocimiento del Juez de Instrucción. Así, el Sr. Trabajo Rueda fue detenido al personarse a recoger su ordenador. La SAP de Sevilla de 7 de mayo de 2008 le condenó a una pena de cuatro años de prisión por el citado delito de posesión y difusión de imágenes de menores de carácter pornográfico.

El condenado solicitó sin éxito en el procedimiento, que los elementos de prueba fueran declarados nulos al considerar que se había vulnerado su derecho a la vida privada por haber accedido la policía al contenido de su ordenador, así como a sus archivos, tanto en casación como en sede de amparo constitucional. Así, la citada STC 173/2011 resolvió este caso, partiendo de desestimar la vulneración del derecho a la intimidad por parte del encargado del establecimiento al que el recurrente pidió reparar su ordenador pues, en efecto “…no se extralimitó del mandato recibido estando amparado su proceder, que ha llevado al descubrimiento del material ilícito, por la propia autorización expresa del ahora demandante” (STC 173/2011, FJ 5º)

Con precisión el TC centró su análisis en la vulneración del derecho fundamental a la intimidad por la actuación policial, al haber procedido sin autorización judicial, a revisar el contenido de un ordenador entregado por el propietario de aquel establecimiento al que sí se había autorizado (STC 173/2011, FJ 6º). En esta sentencia se apuntaba como una forma de vulnerar el derecho fundamental a la intimidad la situación en que “…aún autorizada su intromisión en un primer momento, se subvierten después los términos y el alcance para el que se otorgó”. De ello se deduce que la autorización o consentimiento concreto para realizar interferencias en la intimidad, no tiene una eficacia genérica erga omnes ni es temporalmente indeterminada (STC 173/2011, FJ 6º).

Este razonamiento que, en principio, iba en la línea de la doctrina constitucional en materia de injerencias a la intimidad contrastaba, no obstante, con el fallo de la STC 173/2011, en donde se denegó el amparo al recurrente apelando a un razonamiento que parecía flexibilizar los requisitos para llevar a cabo intervenciones en la intimidad dado que, en supuestos como el enjuiciado, cabía prescindir de autorización judicial en casos concretos. De modo que, sin dicha autorización y sin estar detenido el acusado, si concurría “urgencia” y actuando los funcionarios de policía ante “notitia criminis” de la comisión de un delito, podían intervenir en los archivos privados de un ordenador personal y extraer de allí las necesarias pruebas de cargo para condenar al recurrente.

En aquel momento el TC entendió que no hubo vulneración del derecho a la intimidad personal del recurrente, de un lado, porque el hecho de que la persona denunciada no estaba detenida hizo que no pareciera “…irrazonable intentar evitar la eventualidad de que mediante una conexión a distancia desde otra ubicación se procediese al borrado de los ficheros ilícitos de ese ordenador o que pudiera tener en la “nube” de Internet.” Ello unido a la aparente premura que requería la actuación policial y que la misma “…respetó el principio de proporcionalidad, pues se trata de una medida idónea para la investigación del delito.” hizo que se concluyera considerando la actuación policial constitucionalmente legítima y “..el sacrificio del derecho fundamental estaba justificado por la presencia de otros intereses constitucionalmente relevantes…” (STC 172/2011, FJ 7º)

Precisamente aquella “necesidad” de urgencia es lo que, ante todo cuestiona y analiza la reciente y capital STEDH de 30 de mayo de 2017 en el llamado caso “Trabajo Rueda v. Spain”, en la que el Sr. Trabajo Rueda invocó el derecho al respeto a la vida privada y familiar del art. 8 Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante, CEDH), para sostener que la incautación y examen de su ordenador por parte de la policía habían constituido una injerencia en su derecho al respeto de su vida privada y familiar.

En líneas generales esta STEDH de 2017 parece que apela a una protección más estricta del derecho a la intimidad pues, resumidamente, asienta los siguientes criterios: en primer término, se acepta que el acceso a los archivos del ordenador personal del Sr. Trabajo Rueda y su consecuente condena constituyeron una injerencia de las autoridades públicas en el derecho del interesado a su vida privada, señalando que esta injerencia estaba prevista por las disposiciones del derecho nacional, en particular por los textos legislativos conectados con la jurisprudencia interpretativa de nuestro TC que establecían la regla de la autorización judicial previa cuando está en juego la vulneración de la vida privada de una persona, salvo en los casos de situaciones de emergencia que permiten un control judicial posterior.

Asimismo, en segundo lugar, el TEDH, ha corroborado que la injerencia analizada pretendía un fin legítimo, esto es, el de la “prevención de las infracciones penales” o la “protección de los derechos de los demás” señalando que “los niños y otras personas vulnerables tienen derecho a la protección del Estado en forma de prevención eficaz que los resguarde de unas formas de injerencia tan graves en aspectos esenciales de su vida privada”.

Con todo y con ello, en último lugar, el TEDH, ha entendido que la incautación y examen por la policía de los archivos del ordenador, tal como han sido efectuados en el caso citado no fueron proporcionados a los fines legítimos pretendidos. En consecuencia, no eran por tanto “necesarios en una sociedad democrática”. Es decir, el TEDH especifica que es difícil aceptar, en el caso analizado, la urgencia que habría obligado a la policía a incautarse de los archivos del ordenador personal del Sr. Trabajo Rueda y acceder a su contenido, sin obtener previamente la autorización judicial normalmente requerida. Ante todo, porque no existía ningún riesgo de desaparición de carpetas pues se trataba de un ordenador incautado y retenido por la policía y no conectado a la red de Internet.

Así pues, el TEDH no entiende que existieran razones por las que la espera de una autorización judicial previa a la intervención en el ordenador del Sr. Trabajo Rueda -que podía obtenerse con relativa rapidez-, hubiera obstaculizado la investigación llevada a cabo por la policía de los hechos denunciados.

En conclusión, en la STEDH de 30 de mayo de 2017 se concluye admitiendo la violación del artículo 8 del CEDH, en lo que podría interpretarse como una llamada de atención al propio TC español para que pondere como más precisión el riesgo de desaparición de pruebas con respecto a la “urgencia” de una injerencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado sin autorización judicial, en el ejercicio del derecho fundamental a la intimidad a través de medios telemáticos.

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