EXCESOS EN LA LUCHA ANTITERRORISTA

EXCESOS EN LA LUCHA ANTITERRORISTA

POR CARLOS PENEDO

La lucha antiterrorista amenaza en medio Europa con saltar los límites de derechos fundamentales del ciudadano, entre ellos lo relacionado con la libertad de expresión y las redes sociales. Organismos internacionales y ONG alertan sobre un fenómeno acrecentado en los últimos dos años de obsesión antiterrorista que restringe derechos en nombre de la seguridad.

El 5 de febrero de 2016 la policía española detuvo en Madrid a dos actores de una compañía de títeres acusados de enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio, permanecieron cinco días encarcelados -prisión provisional sin fianza- y fueron incluidos en un fichero de presos peligrosos con el régimen penitenciario más severo. En su liberación se les retuvo el pasaporte y se les obligó a comparecencias diarias ante el juez.

La obra causante de la detención, representada en tiempos de carnaval ante un público infantil, tenía un argumento de crítica social contra los cuatro poderes que supuestamente rigen la sociedad española: la propiedad, la institución religiosa -un guiñol vestido de monja-, las fuerzas de seguridad -un muñeco con uniforme de policía- y el poder judicial -marioneta con toga de juez-. En un pasaje de la obra, representada en esperanto y latín, un guiñol portaba una pancarta –una falsa prueba fabricada por el guiñol policía- con la leyenda “Gora Alka-ETA”.

El recorrido judicial del caso ha tenido dos paradas: la Audiencia Nacional dictaminó el 28 de junio de 2016 el sobreseimiento provisional y archivo de la causa por el delito de enaltecimiento o justificación de los delitos de terrorismo, aunque derivó hacia otro juzgado por si existiera otro delito de discurso de odio. Finalmente el 5 de enero de 2017 el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid archivó definitivamente el asunto.

La difusión pública de este segundo archivo ha coincidido con un informe de Amnistía Internacional en el que analiza, desde la perspectiva de los derechos humanos, las medidas antiterroristas adoptadas en 14 estados miembros de la Unión Europea. La ONG incluye este caso de los titiriteros al tratar de España.

El informe, Peligrosamente desproporcionado: La expansión continua del estado de seguridad nacional en Europa (enlace al original en inglés), revela -según sus autores- la manera en que el diluvio de leyes y reformas aprobadas a una velocidad de vértigo está minando libertades fundamentales y desmantelando salvaguardias de derechos humanos. “Una serie de nuevas leyes de amplio alcance están conduciendo a Europa a un profundo y peligroso estado de ‘securización”, afirma Amnistía.

“Tras una serie de atroces atentados, desde París hasta Berlín, los gobiernos se han apresurado a promulgar toda una serie de leyes desproporcionadas y discriminatorias”, manifestó en su presentación John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa.

En su opinión, “tomadas de una en una, estas medidas antiterroristas individuales resultan suficientemente preocupantes, pero si se miran todas juntas emerge una inquietante imagen en la que poderes sin control pisotean libertades que se daban por sentadas desde hace mucho tiempo”.

El informe repasa cómo en varios países se han propuesto o adoptado medidas antiterroristas que han erosionado el Estado de derecho, han aumentado el poder del Ejecutivo, han eliminado controles judiciales, han restringido la libertad de expresión y han expuesto a toda la población a una vigilancia gubernamental sin control.

Leyes de excepción y medidas similares

En varios países, según AI, las reformas constitucionales o la legislación harán que sea más fácil declarar un estado formal de excepción u otorgar poderes especiales a los servicios de seguridad e inteligencia, a menudo sin apenas supervisión judicial, o sin supervisión en absoluto.

En Francia, desde los atentados de noviembre de 2015, se ha renovado cinco veces el estado de excepción, con lo que se ha normalizado una serie de medidas intrusivas como, por ejemplo, el poder para prohibir manifestaciones y llevar a cabo registros sin orden judicial.

El informe de Amnistía Internacional asegura que se han concedido o ampliado poderes de vigilancia masiva en Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia, Hungría, Austria, Bélgica y Países Bajos, entre otros, y al hacerlo se ha permitido la interceptación masiva y el posible acceso a los datos de millones de personas.

La Ley Antiterrorista promulgada por Polonia en 2016 permite medidas de vigilancia encubierta contra personas de ciudadanía extranjera, como por ejemplo las escuchas telefónicas, el seguimiento de las comunicaciones electrónicas y la vigilancia de las redes y dispositivos de telecomunicaciones sin supervisión judicial de ningún tipo durante tres meses.

Delitos de opinión

“En un moderno giro del orwelliano ‘delito de opinión’, la gente puede ahora ser procesada por actos que tienen un vínculo sumamente tenue con una conducta delictiva real”, señala el informe. Al centrar cada vez más las medidas antiterroristas en la prevención, los gobiernos han invertido en iniciativas “predelictivas” y han recurrido con una frecuencia cada vez mayor a órdenes de control administrativo para restringir la libertad de circulación y otros derechos, añaden.

Para Amnistía, el miedo a ser calificado de amenaza para la seguridad o de extremista ha tenido un efecto disuasorio que ha limitado la libertad de expresión. 

En 2015 los tribunales franceses dictaron 385 condenas por “apología del terrorismo”, un tercio de ellas contra menores de edad. Las definiciones de qué constituye “apología” son sumamente amplias.

En España precisamente se endureció el Código Penal en marzo de 2015, especialmente en lo relativo al terrorismo y su enaltecimiento, reforma que se produjo meses después de otra modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que introdujo nuevos límites para que los jueces españoles puedan juzgar, bajo el principio de la justicia universal, crímenes de especial gravedad cometidos fuera de nuestras fronteras, cambio este segundo que ha dificultado la persecución transnacional del delito, como han reconocido fiscales y profesionales que participan en la lucha antiterrorista.

Naciones Unidas se pronuncia

El choque entre libertad de expresión y lucha antiterrorista sobrepasa con creces el ámbito de una ONG preocupada por los derechos humanos. Naciones Unidas ha señalado que la expresión pacífica de puntos de vista que son considerados extremos nunca debe ser penalizada a menos que esté asociada con la violencia, según defiende Ben Emmerson, relator especial de la ONU sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.

Emmerson presentó en marzo de 2016 su informe anual al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en el que advierte que los gobiernos deben ser cuidadosos en su respuesta a la cuestión, ya que se trata de una zona ambigua en la que hay que diferenciar el discurso de una llamada directa a la violencia.

El experto señaló que existe ahora una nueva tendencia peligrosa de criminalizar la glorificación del terrorismo, por lo que llamó a prestar atención a la intención del interlocutor más allá de sus palabras.

Objetivo: redes sociales

Volviendo a España, la libertad de expresión es el ámbito que se ve más afectado por aparentes excesos en la aplicación de medidas antiterroristas aplicando una legislación crecientemente endurecida y curiosamente los dos asuntos más mediáticos, ambos reseñados por AI, afecta al mundo artístico, músicos y actores.

Junto con el caso de los titiriteros, y en contra de la posición final de la Justicia sobre ese asunto y de la opinión de Naciones Unidas, este enero de 2017 ha visto también cómo el Tribunal Supremo condenaba a un año de prisión al cantante del grupo Def con Dos, conocido como César Strawberry, por un delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación de las víctimas por comentarios publicados en Twitter en 2013 y 2014 sobre el rey emérito Juan Carlos y sobre Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno asesinado por ETA en la etapa final de la dictadura de Francisco Franco.

Durante 2015, según la última Memoria de la Fiscalía, se incoaron en España 60 diligencias de investigación por delitos de enaltecimiento del terrorismo, 55 de ellas vinculadas con ETA, de las que 43 fueron archivadas por falta de autor o por no ser delictivos los hechos y ocho fueron judicializadas mediante denuncia o querella, confirmando el incremento de estos procedimientos sobre todo por comentarios publicados en las redes sociales y también el alto número de absoluciones.

Se da la circunstancia de que tanto las denuncias como las sentencias relacionadas con el enaltecimiento del terrorismo se han disparado en el último lustro en comparación con los años en los que la organización terrorista ETA asesinaba en España, grupo que en octubre de 2011 anunció el cese definitivo de su actividad armada.

Desde la asociación profesional española Jueces para la Democracia, su portavoz Ignacio González ha señalado que “la legislación antiterrorista, y concretamente el pacto alcanzado en 2015, desdibuja totalmente el delito de terrorismo, que se ha de caracterizar por elementos como el aspecto organizativo y la posesión de armas o explosivos”.

Escribe Amnistía Internacional: “los dos últimos años han sido testigos de un profundo cambio de paradigma en Europa, un cambio de la idea de que el papel de los gobiernos es proporcionar seguridad para que las personas puedan disfrutar de sus derechos, a la idea de que los gobiernos deben restringir los derechos de las personas para proporcionarles seguridad”.

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